Lavboratorio/n line
año X. número 22 . Invierno 2008
ISSN : 1515-6370
Instituto de Investigaciones "Gino Germani"
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires - Argentina.
[http://lavboratorio.fsoc.uba.ar]

La conflictividad en los espacios rurales de Argentina (1).


Por Diego Domínguez (2) y Pablo Sabatino (3)

(2) Investigador del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; master en Políticas Sociales, FLACSO.

(3) Investigador del Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; docente de la cátedra de Sociología Rural.



La cuestión de la conflictividad en los espacios rurales:

La propuesta de este trabajo es dar cuenta de la conflictividad que gira en torno de la tierra, del espacio de vida más básico. La tierra, la distribución equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, ha sido y es aun, uno de los principales problemas del continente Latinoamericano. Estamos frente a una deuda, una antigua deuda que atraviesa no solo la trayectoria de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Esta deuda, fundante de nuestra historia, ha producido por su parte una de las conflictividades más significativas e intensas. La lucha por la tierra, sobre todo en Latinoamérica, está en la base de muchos procesos revolucionarios, crisis nacionales y experiencias políticas muy variadas.

Históricamente, en Latinoamérica, el acceso y distribución de tierras constituyó uno de los problemas centrales de muchas naciones. La concentración de tierras, y la conformación de latifundios, ha sido una constante, del mismo modo que ha sido una constante la ocupación directa de tierras por parte de campesinos y comunidades indígenas. Estos dos procesos que conviven son las dos caras principales del problema de la tierra en Latinoamérica.

Por un lado, se observa el permanente proceso de despojo que sufrieron los pueblos originarios, y la inequitativa distribución que perjudicó a las poblaciones campesinas: «Vemos así que en América Latina la formación de haciendas, plantaciones y posteriormente estancias conjuntamente con sus correspondientes campesinados subordinados fue el resultado de un proceso prolongado cuyas raíces se encuentran en la evolución del régimen colonial agrario» (Teubal, 2003:138).

Estos hechos son fundantes de la gran deuda que aún persiste, pese a las luchas que se dieron y aún se dan, y a los distintos procesos de colonización y reforma agraria que se implementaron para resolverlos.

Por otro lado entonces, se observa la persistente necesidad de enfrentar este despojo. En efecto, el problema de la distribuci ón y acceso a tierras ya era central cuando el gobierno de Artigas proclamó el Reglamento de Tierras de 1815 en el cual se destacaba la función social de la tierra y el acceso a la misma como la vía de inclusión de los más desfavorecidos. A comienzos del siglo XX la Revolución Mexicana se constituyó en un faro para Latinoamérica, fue la lucha de los campesinos que instauró el primer y más importante proceso de reforma agraria del continente. Entre 1934 y 1940 se expropian las 2/5 partes de las tierras cultivables de México (Barraclough, 1999).

Por su parte en Paraguay, se crea el Departamento de Tierras en 1926, como respuesta al problema del acceso a la tierra, y en 1936 con la «Revolución de Febrero» se incorpora la expresión «reforma agraria» planteándose el problema de los campesinos y el acceso a la tierra de forma más integral (Morínigo, 2005). La situación reviste aun hoy un carácter tan agudo que no escapa a los organismos internacionales, como es el caso de la FAO4: «Desde la última Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), celebrada en 1979, se han hecho esfuerzos por asegurar un mayor y mejor acceso por parte de los más pobres a la tierra y a recursos productivos básicos como la tecnología, el crédito, insumos y el acceso a los mercados. Se han llevado a cabo también procesos de reforma agraria en varios países; algunos con más éxito, otros con menos. Sin embargo, la tierra, o mejor dicho, la falta de ella, sigue siendo un obstáculo para el progreso de millones de campesinos pobres.» (CIRADR, 2006).

Actualmente se observa que gran parte de los movimientos sociales emergentes en las últimas décadas en Argentina y en el continente tienen como objeto de sus demandas la democratización del control de los «bienes» o «recursos» naturales5, incluida la tierra. Las poblaciones rurales y rururbanas se organizan para enfrentarse con gobiernos locales, provinciales y nacionales, contra terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, etc., en la disputa por el manejo del espacio.

La lucha por la tierra ha sido tradicionalmente el foco más nítido de la disputa que podríamos llamar territorial, o sea, por la definición política de la espacialidad. Lo que pareciera suceder en este momento histórico es que, en el contexto de la reconfiguración de los usos del espacio operada por las políticas neoliberales en Latinoamérica, la disputa por la tierra se ha resignificado inscribiéndose en luchas más generales y complejas por el territorio.

Hoy, los conflictos por la tierra -evidentes en muchos de los países latinoamericanos- expresan y denuncian la persistencia de una problemática que no solo no se ha resuelto sino que a la vez se ha actualizado con otros elementos que le imprimen gran complejidad. La tierra, pachamama, antiguo reclamo de pueblos originarios, campesinos, trabajadores del surco, emerge hoy dentro de una trama más amplia de luchas. La disputa por la tierra aparece ahora enmarcada en una conflictividad que podría denominarse territorial y que se desenvuelve en un período histórico signado por el proyecto globalizador neoliberal y por profundas crisis (de representación política, de los Estados-Nación, del proyecto inclusivo de la modernidad, etc.).

En las décadas que transcurrieron para Latinoamérica, entre dictaduras y gobiernos que aplicaron los paquetes de políticas neoliberales, se ha operado no solo un reflujo de derechos sociales adquiridos y una desarticulación de los proyectos revolucionarios, sino que a la vez, aunque con menos visibilidad, se ha ido desenvolviendo un «reordenamiento territorial» (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006) o «reestructuración territorial» (Holt-Gimenez, 2006)6. El ámbito rural ha experimentado alteraciones profundas. Actividades agropecuarias tradicionales vinculadas a los mercados internos de los distintos países Latinoamericanos han sido desplazadas, por recomendación del Banco Mundial, a favor de nuevos cultivos o actividades económicas exclusivamente orientadas al mercado internacional, como forma de generar divisas para el pago de la deuda externa (Teubal y Rodríguez, 2002).

Encuadramos estos procesos dentro de lo que interpretamos como reorganización territorial. Es decir, entendemos que el actual proceso de globalización neoliberal en Latinoamérica, vía políticas gubernamentales y estrategias empresariales, está produciendo cambios en el control y en los modos de uso de los espacios geográficos y sociales, en síntesis, de los territorios. En Argentina, puede observarse como perfil más dramático -sin ser el único- del proceso mencionado, la creciente actividad de grupos armados particulares que hostigan a las familias campesinas, y muchas veces participan conjuntamente con fuerzas de seguridad gubernamentales en el desalojo de las mismas. Por los testimonios recogidos, se trataría de lo que se ha dado en llamar «mano de obra desocupada» proveniente de las fuerzas de seguridad (policías provinciales o federales y personal retirado del ejército). Sin embargo, en este país, la presencia policial en situaciones de conflicto de tierras es una constante.

Por su parte, las organizaciones campesinas de Argentina denuncian situaciones en las cuales «empresarios» (mayormente productores de soja) impiden a las familias campesinas «de hacer uso de los territorios comunitarios». En rigor en estos casos no se trata de reclamos de «tierra», por la propiedad o titulación de parcelas, sino que giran en torno de la posibilidad de acceder a fuentes de agua dulce, o a áreas de monte, o bien de evitar la contaminación producida por la agricultura industrial y sus «paquetes tecnológicos». En algunos casos se trata de espacios que ni siquiera son percibidos por los campesinos como de su «propiedad», más bien lo que existe es una relación de uso («derecho» consuetudinario) dada por la tradicional forma de vida (de una «cultura» como ellos señalan), en la cual todos los vecinos o familias campesinas de un determinado lugar, se reconocen.

En el plano del discurso público las organizaciones campesinas también manifiestan la complejidad que va envolviendo a la lucha por la tierra. En declaraciones de organizaciones campesinas del país que forman parte de la Vía Campesina (Movimiento Nacional Campesino e Indígena - MNCI) se observa un pasaje discursivo significativo. Hasta unos años atrás existía el lema: «Tierra, Trabajo y Justicia». Actualmente se observan variaciones: «Reforma Agraria Integral. Soberanía Alimentaría. Territorio, Trabajo y Justicia».

«Soñamos entre todos y todas construir un nuevo poder, que sea popular y desde las bases, donde participen las familias y las comunidades, con autonomía e independencia, y que contribuya a una alternativa política democrática y participativa en conjunto con otros sectores del pueblo. Amamos la tierra y la naturaleza, nos sentimos parte de ella. Nuestro compromiso es por un cambio social que contemple la recuperación de tierras de familias desalojadas, la vuelta al campo de familias excluidas, y el acceso a la tierra y el agua por parte de quienes quieran trabajarla. Donde no existan más desalojos, cultivos transgénicos, ni empresarios explotadores. Reforma agraria integral / Soberanía alimentaría / Territorio, trabajo y justicia / Globalicemos la lucha globalicemos la esperanza.» Fragmento de la declaración final del primer Encuentro Nacional por la Reforma Agraria. Mendoza. Noviembre de 2006: http://200.117.254.211/mncei/17-deabril-dia-mundial-de-lucha-campesina.

En función de esta cuestión, o sea, la problemática de la tierra y su reactualización «territorial» en el marco de la globalización bajo la conducción de las corporaciones transnacionales, nos proponemos dar cuenta de la conflictividad en el espacio rural argentino. Definiendo, en primera instancia, como unidad de análisis a las situaciones de conflicto territorial como aquellos antagonismos que involucren a comunidades campesinas o indígenas, Pueblos Originarios, grupos de pequeños productores, colonos, agricultores familiares, y cuyo objeto en disputa sea la propiedad de la tierra, el acceso a fuentes de agua, los accesos o caminos a áreas de pastura o producción, la explotación de riquezas del subsuelo (gas, agua, petróleo, minerales, etc.), el desmonte o la tala de flora nativa, la contaminación por aplicación de paquetes tecnológicos (pulverizaciones con agroquímicos, procesamiento y venteo de productos e insumos agrícolas, afectación de napas por manejo concentrado de efluentes en agricultura o pecuaria, etc.) provenientes del sector industrial, autonomía local en materia de jurisdicción político-administrativa (tributación, justicia, mecanismos de elección de autoridades, etc.).

A partir de esta definición hemos realizado un registro de conflictos en el espacio rural de Argentina, destacados por los medios masivos, iniciados o existentes al año 2007 (movilización y conflictividad en torno de la tierra: ocupaciones, sabotajes, marchas, resistencia, desalojos, contaminación, desmontes, privatización del acceso al agua). Las fuentes, que se cruzaron para obtener la mayor cantidad de información sobre las situaciones de conflicto, fueron las publicaciones de organizaciones campesinas, prensa alternativa y prensa tradicional. En lo operativo, para la construcción de la base de conflictos en espacios rurales ocurridos en el año 2007 (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre), se ha establecido como unidad de análisis aquellas situaciones de antagonismo social:

- geográficamente delimitadas, y situadas en el ámbito rural,

- protagonizadas por poblaciones rurales (campesinos, indígenas, pobladores afectados, etc.),

- en las cuales lo que está en disputa son bienes naturales (tierra, agua, monte, etc.).

La geografía de la conflictividad rural:

En el marco de concentración y retracción de la estructura agraria, en Argentina existe una legislación de tierras reparadora para indígenas (reparación histórica a los pueblos originarios): y desde los movimientos sociales campesinos existe una resignificación del escaso marco legal para permanecer en la tierra ante la presión del agronegocio.



El campesinado organizado va asumiendo que se opone a un modelo productivo (el del agronegocio con orientación exportadora y tecnología de gran escala). Es notable que las organizaciones campesinas de Argentina tengan lemas tales como «una agricultura con agricultores» o «un campo con campesinos», en los cuales se puede observar el antagonismo implícito, la disputa con el modelo del agronegocio. Si tomamos estas frases por su contrario se entiende que la lucha de los campesinos es contra los portadores del modelo que busca un campo sin campesinos o un agro sin agricultores. Pero en general, el escenario es de gobiernos que no avanzan en el tema del acceso y distribución de tierras, y de la democratizaci ón del control de los bienes naturales.

Ahora bien, una mirada rápida, del momento actual de la lucha por la tierra (año 2007), a partir de la información primaria y secundaria relevada, muestra procesos crecientes de resistencia campesina al despojo de sus tierras, con una también creciente violencia rural y criminalización de campesinos, en el marco del avance de la frontera agropecuaria operado por el agronegocio, respaldado explícitamente por un gobierno dependiente de las divisas proporcionadas por las exportaciones agrícolas y agroindustriales. Este escenario que describimos queda reflejado en el mapa de las situaciones de conflicto en espacios rurales.



En Argentina se registraron 66 conflictos ocurridos en 17 provincias7, de ellas cuatro dan cuenta del 60% de los casos de conflictos: Neuquén (15,4%), Río Negro (12,3%), Salta (15,4%) y Santiago del Estero (16,9%). En la distribución espacial de los conflictos se observa nítidamente dos aglomerados: Región Patagónica (Neuquén, Río Negro y Chubut) y Región NEA (Noreste Argentino, provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) y NOA (Noroeste Argentino, provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca). En el primero existe una importante presencia de pueblos originarios, especialmente los Mapuches, mientras que en el segundo se encuentran provincias con presencia importante de poblaciones campesinas y aborígenes (principalmente, Kollas, Guaraníes, Tobas, Wichís y Pilagás).

Además aquello que el mapa expone claramente es el recorte entre región pampeana y región extrapampeana. La conflictividad en los espacios rurales, que tiene como eje el control de los bienes naturales, se concentra en las provincias extrapampeanas8. En aquellos lugares donde el campesinado y los pueblos originarios habían podido permanecer, gracias a su lucha y resistencia, y gracias también a que eran requeridos por cadenas agroindustriales reguladas por el Estado, y orientadas mayormente al mercado interno. Lo que sucede es que estos lugares, se «pampeanizaron», es decir pasaron a ser objeto de una explotación agrícola equivalente de aquella desarrollada en la región pampeana (con otros rindes y modus operandi para el manejo y control de la tierra y la producción), y por ende a ser de interés de los actores más concentrados del agro. El avance de la frontera pampeana comprometió nuevas áreas, otrora marginales para el desarrollo del capitalismo agrario, habitadas por comunidades campesinas e indígenas.

Sin embargo, no es menos importante para tener en cuenta, que las zonas de conflicto son aquellas en las cuales las poblaciones campesinas y las indígenas están organizadas. En un 88% de los conflictos registrados existe organización campesina o indígena. O sea, la conflictividad se desenvuelve en regiones con presencia de comunidades campesinas e indígenas con algún nivel de organización. A partir de los datos podríamos decir que en realidad el conflicto expresa la presencia o conformación de un sujeto colectivo, capaz de producir acciones y de buscar la visibilidad de esas acciones (a través de la aparición pública en los medios de comunicación).

Población rural involucrada:

Con respecto a la población rural involucrada en el conflicto se observa la preeminencia de los indígenas, representan más del 60%. Por otra parte, existen casos particulares en donde se registraron casos en la categoría campesinos/indígenas, es decir, se trata de actores que asumen ambas identidades: esto se explicaría en algunos casos, como en la Unión Campesina Indígena Mapuche, porque existe una construcción política de la identidad que busca romper la dicotomía campesino / indígena; en otros casos, como en Santiago del Estero el asumir ambas identidades se explicaría parcialmente por el hecho de que en Argentina existen familias campesinas que mediante su reconocimiento como comunidades indígenas encuentran una vía para acceder a tierras o conservar las que poseen, debido a que existe un marco jurídico para los pueblos originarios y no así para los campesinos.

Aunque con la menor frecuencia, hacemos hincapié en los casos donde los protagonistas se definen a si mismos como «campesinos indígenas» o como «indígenas campesinos», pues allí encontramos la expresión más clara de la potencia que tiene la articulación de ambas identidades (más aun cuando se entronca con el problema ecológico). Este es el caso de la comunidad campesino indígena de Puerta Grande, en Santiago del Estero. Allí los pobladores enfrentan a las «guardias blancas» de los inversores que quieren explotar económicamente la región, con el objetivo de preservar «la identidad cultura y el medio ambiente en el único cordón boscoso que atraviesa los departamentos Salavina, Atamisqui y Loreto y que mantiene el equilibrio ecológico de la región».

Bienes en disputa:

En el 47% de los casos de la base se observa que el bien en disputa es la tierra, en tanto que los conflictos en torno a una multiplicidad de bienes (más de uno) representan el 45,5%. Es decir, si bien es evidente la centralidad del problema de la tierra en los conflictos que protagonizan las poblaciones rurales, también es destacable que la lucha por la tierra se enmarca en una disputa más general por un conjunto de distintos bienes naturales.

Incluso, es interesante tener en cuenta como va surgiendo en los conflictos concretos un cuestionamiento más amplio al modelo de agro que presupone el despojo de tierras de los campesinos e indígenas, el desmonte, o un tipo de uso del ambiente destructivo de la vida. En la comunidad indígena Guaycurú, de Santiago del Ester, que lucha por un predio de 400 hectáreas, amenazado por sembradíos de soja que rodean el monte nativo, las familias organizadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena manifestaron: «el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión, contaminación ambiental y degradación de los suelos».

Principales acciones realizadas:

En Argentina las principales acciones se centran en las de resistencia (50%) y las interposiciones legales (22,7%). Sin embargo si observamos las acciones a la luz de cada actor social vemos que los indígenas operan a través de acciones legales casi con igual importancia que a través de acciones directas de resistencia. Sin duda esto es resultado de la existencia de marco jurídico para las comunidades indígenas que hace que estas combinen estas dos estrategias. También es importante tener en cuenta que generalmente, en este tipo de conflictos en espacios rurales, la combinación en el tiempo de diferentes tipos de acción es lo más común. Por ejemplo, en el caso del conflicto de tierras en la zona de Embarcación, Salta, 58 familias indígenas ocuparon en mayo de 2007 las tierras que dicen les pertenecen: «Hemos tomado la decisión de recuperar un territorio que nos pertenece por derecho ancestral y por preexistencia étnica». Sin embargo, dadas las condiciones políticas y jurídicas existentes en nuestro país, esta misma comunidad se encuentra ahora en posición de tener que resistir un posible desalojo por parte de la policía provincial.

No es menos cierto que en estas condiciones del contexto argentino las organizaciones campesinas e indígenas han generado un aprendizaje. O sea, la combinación de acciones, en un amplio repertorio que oscila entre acciones directas (de resistencia y ocupación), legales y de visibilización pública, responde a un conocimiento de las reglas de juego de una realidad rural muy particular. En ella los jueces raras veces fallan a favor de «los pobres del campo», y al contrario muchas veces están implicados con intereses empresariales con metodologías mafiosas, las fuerzas de seguridad estatales y privadas operan conjuntamente en desalojos y hostigamientos, y las denuncias de campesinos e indígenas ente la justicia o la policía local no son registradas o parecen volverse contra ellos mismos. Existen excepciones a estas reglas, como ocurrió con la comunidad de Cañada Larga, en Córdoba. Allí 11 campesinos fueron denunciados de «daño calificado agravado por delito en banda», por haber desalambrado un campo comunitario que un empresario de Buenos Aires había comprado sin previamente determinar si existían allí poseedores con derechos adquiridos y anteriores en el tiempo. La justicia de Cruz del Eje en este caso absolvió a los campesinos y sentenció al empresario a reconocer los daños infringidos a las familias. En este caso, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) contó con la capacidad y los recursos para sostener la cohesión en la acción directa de defensa de la posesión, y para afrontar la complejidad de una instancia judicial.

Otro nivel de las acciones presentes en estos conflictos es la violencia que se produce. Aunque no ha sido una variable profundizada en el tratamiento estadístico podemos decir que tanto el Estado como empresarios y terratenientes operan la «fuerza» sobre las poblaciones rurales como medida habitual en estos conflictos. Es común por ejemplo para el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), sufrir el ataque o amenaza de sus miembros. En agosto del 2007, ante un atentado con armas de fuego a integrantes del MOCASE y a un delegado internacional de derechos humanos, la organizaci ón denunciaba que «son matones al servicio de una empresa que, desde hace tiempo, quiere hacerse de tierras de habitantes ancestrales de la localidad de Pinto». Del mismo modo, las victimas de despojo luego se tornan victimas de otras violencias al querer hacer valer algún derecho. Así sucedió en Santa Victoria Este, Salta, donde la Organización de Familias Criollas (OFC) denunció en primer lugar el desmonte que empresarios como el cantante Chaqueño Palavecino estaban generando en el Chaco Salteño, para luego tener que denunciar las amenazas que, a raíz de la denuncia anterior, estaban ahora sufriendo por este mismo empresario. La violencia institucional o subrepticia de empresarios y terratenientes es una constante en los conflictos de tierras y por los recursos naturales.

b>Actores sociales en conflicto con poblaciones rurales:

Al interior de los conflictos se observa que en los enfrentamientos, los pobladores rurales, disputan principalmente, y en proporciones similares, con el Estado, las empresas y los propietarios. Puede observarse en el grafico que se enfrenta a Estado, empresas y propietarios en proporciones similares (30,3%, 33,3% y 31,8 respectivamente). Llama la atención entonces que el Estado aparezca con la misma frecuencia que otros actores del «campo» involucrados en los conflictos con las poblaciones rurales, siendo que debería mediar y velar por el bien común. En cambio el mismo se torna un litigante más en estos enfrentamientos.

Así sucede en Villa Tacul, donde la familia Tacul exige la recuperación de las 625 hectáreas que Parques Nacionales se habría apropiado en 1938, y que en la actualidad conforman el Parque Municipal Llao-Llao. Para los mapuches se trata de restablecer su derecho a la tierra: «Volvemos a hacer posesión ancestral de nuestro territorio mapuche, haciendo uso de nuestros derechos fundamentales». La comuna en cambio considera que la ocupación es «ilegítima». Si bien la justicia dicto el sobreseimiento de los acusados al considerar que la ocupación del predio no constituye usurpación, la comuna insistirá con recuperar las tierras mediante las acciones civiles iniciadas.

Otras veces el Estado no solo aparece en toda su complejidad de organismos y procedimientos aparentemente contradictorios, sino que opera directamente en la ilegalidad de acciones de despojo. Así lo denuncia la comunidad Mapuche Plácido Puel, de Neuquén, cuando señala que el municipio hizo intervenir a sus empleados en una «represión» realizada en sintonía con «un supuesto dueño» que pretendía talar uno de los últimos lugares de la zona que aun tiene árboles nativos. Otra evidencia de la mutación del rol del Estado, que pasa de velar por el bien común a implicarse con los intereses particulares, se observa en la repetida situación de origen en muchos de los conflictos de tierras en Argentina. Por lo general las tierras que adquieren empresarios o reclama el Estado ya están ocupadas por familias campesinas o comunidades indígenas, pero son consideradas «como si estuvieran vacías». Así ocurrió por ejemplo en la comunidad Mapuche Wentru Tahuel Leufu, Cutral Co, Neuquén. Allí se denunció que «el gobierno de Neuquén entregó nuestras tierras, como si estuvieran vacías, a la petrolera Piedra del Aguila SA». La justicia fallo a favor de la empresa petrolera, intimando a los mapuches despejar los caminos de acceso a los puntos de exploración hidrocarburífera, mientras grupos armados del sindicato de petroleros irrumpían en la comunidad incendiando viviendas con la complicidad de la policía.

Las demandas en los conflictos:

Al analizar las demandas que emergen en los conflictos se observa que las principales demandas son por acceder a la tierra o por no ser desalojados de ella. En efecto, sumando ambas categorías, que giran directamente en torno a la tenencia de la tierra, se observa que es superior al 60%. Sin embargo, debe destacarse que la principal demanda es denunciar y evitar los desalojos de las tierras que se posee, y esto habla de la situación «defensiva» del campesinado y los pueblos originarios en Argentina.



Si posamos la mirada en los otros tipos de demandas que surgen de la base de datos se observa la importancia de las demandas contra los desmontes (15,4%). De todos modos las distintas demandas deben analizarse de modo conjunto. De hecho las demandas contra desmontes, contra monocultivo, y contra contaminación, generalmente aparecen combinadas. Esto lo podemos ver por ejemplo en el conflicto de Laguna Baya, en Santiago del Estero, donde miembros de la comunidad campesina impidieron que un equipo de siembra directa ingresara en unas tierras en disputa que el empresario ya había desmontado y estaba fumigando. A su vez en este caso, la lucha de los campesinos, según dicen, es contra la criminalización que sufren al defender su modo de vida y su territorio. Aquí 4 campesinos habían sido detenidos. Las demandas que expresan los campesinos y los indígenas se entroncan en la visión o conciencia política que las organizaciones han creado acerca de estar enfrentando un modelo de agricultura como totalidad. Esta parece ser la razón de que las demandas estén articuladas entre si en los discursos de los protagonistas. Como señalan las familias campesinas de Paraje Las Rosas, ex ingenio Las Palmas, en Chaco: «Esta tierra es nuestra, nosotros vamos a resistir hasta las últimas consecuencias (?). Si esto se vendió, se vendió con la gente adentro (?). Esta tierra es muy linda, y la expansión de la soja es la que nos está desalojando a todos».

Apelación a lo territorial:

En términos generales en el 71,2% de los conflictos registrados en la base existe una apelación al territorio o al uso del espacio, es decir, las poblaciones rurales involucradas en el conflicto expresan abiertamente que esta en juego un problema de control sobre el territorio o el espacio. A su vez, es importante destacar que la apelación al territorio o al uso del espacio en los conflictos varía en importancia para las dos principales categorías de la variable de población rural. En efecto, la dimensión territorial de los conflictos está presente en casi el 70% de los casos donde están involucradas poblaciones indígenas, mientras que cuando se trata de campesinos se observa que este valor baja al 65% de los casos. Por otra parte, cuando se trata de poblaciones que se asumen como campesinos-indígenas o bien son pobladores o vecinos sin ninguna de las otras dos adscripciones, la referencia explicita al territorio o a formas alternativas de uso de los bienes naturales es intrínseca a los conflictos.

En los relatos de los indígenas se habla de «recuperación del Territorio para reconstruir espacios comunitarios autónomos », como los mapuches desalojados por la empresa Benetton en 2002, que en febrero de 2007 volvieron a ocupar las tierras. Del mismo modo lo expresa la comunidad Guaraní de la Loma en conflicto con el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL: «Ellos estaban profanando las tumbas de nuestros hermanos enterrados en los cementerios de La Loma para borrar nuestro pasado y nuestro derecho, el territorio, que nos pertenece desde tiempos inmemoriales, en ellos se encuentran nuestros antepasados, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro sustento de vida, nuestra riqueza». El territorio tiene la multidimensionalidad de elementos económicos, políticos y culturales. Se trata de la lucha por la defensa de una cosmovisión plasmada en el espacio y en el tiempo. Lo que varia es el nivel de soberanía y autonomía relimada. Algunos pueblos originarios pretenden el respeto de sus derechos sobre la totalidad de los recursos naturales, mientras que otros poseen un cuestionamiento más profundo y buscan un reconocimiento como nación más allá de la nación Argentina.

En el caso de los campesinos la apelación al territorio también es significativa y por lo general va junto a la defensa del modo de vida campesino. Se trata quizás de la conciencia de que la vida campesina no es posible en contextos rurales donde la agricultura empresarial e industrial rige los procesos productivos y de intercambio. El territorio campesino podría expresar justamente el reconocimiento de que la vida campesina no es posible en tanto estrategia familiar aislada, y que la comunidad campesina para desenvolverse debe asumir el control de los procesos productivos, de procesamiento y distribución. Como indican las familias del paraje rural La Libertad, en el departamento de Ischilín, en el norte de Córdoba: «Nuestra lucha es seguir viviendo en el campo, como nosotros queremos, produciendo como sabemos, manteniendo nuestra identidad, nuestros símbolos y nuestros territorios».

Si observamos por otra parte en que tipo de conflictos predomina la apelación al territorio o al uso del espacio, vemos que es en los enfrentamientos con el Estado donde mayoritariamente (85% de los casos) se apela a la dimensión territorial desde los campesinos, los indígenas o los pobladores afectados. Por su parte, cuando son conflictos que involucran a empresas, se invoca lo territorial o espacial en un 74%. Finalmente cuando se trata de propietarios individuales ésta dimensión esta presente en el 45% de los casos. Esto probablemente se relacione con el hecho de que en Argentina, durante el 2007, han sido las poblaciones que más apelan al territorio, como las indígenas, quienes más han protagonizado conflictos de tierras, y que además justamente ellas son quienes cuentan con marco legal que reconoce sus derechos y permite dirigir sus planteos territoriales al Estado.

Resumiendo, en un sentido general, se desprende, del cruce entre los datos estadísticos y el análisis de la trama de casos, que la apelación a lo territorial no se derivaría de la existencia de múltiples bienes en disputa, sino más bien de una concepción determinada acerca de los vínculos con la naturaleza y del control político sobre esos bienes. Donde aparece lo territorial la disputa en todo caso no es únicamente por el valor material de esos bienes sino también por los sentidos construidos acerca de la forma de utilización de los mismos, donde ciertos usos (los de las empresas o los agronegocios) son incompatibles con determinadas formas de habitar o usar esos espacios (los de los campesinos o indígenas). El tema del «entorno» o el ambiente es remarcado, en los casos registrados en la base a través de la importancia de la variable «apelación a otras forma del ambiente», y en los relatos, charlas y entrevistas en la afirmación de cómo se ha ido dando esa transposici ón de los límites de la parcela de tierra, es decir, el pasaje de lucha por la tierra a la lucha por el territorio. Y este pasaje para ser comprendido necesita ser enmarcado en un proceso histórico, que para los pueblos originarios ha significado la lucha de pasar del reconocimiento identitario a la soberanía plena de sus tierras ancestrales, y que para los campesinos, se refiere a que su reproducción como sujetos sociales no es posible con el acceso a un «casillero» del clásico asentamiento en forma de «damero», sino que cada vez es más necesario tener una visión panorámica de lo que y quienes rodean a la comunidad. Es que una vez rota la ilusión modernizadora, la diferencia con el otro ya no es una cuestión de escala productiva sino que se trata de una diferencia ontológica. El eje y los actores con los que el campesinado antagonizó históricamente se han modificado, ahora el campesinado es conciente que enfrenta al agronegocio y que entre ellos no es posible encontrar un mínimo divisor común, se contraponen tanto en la lógica y la racionalidad entorno a la producción, como en la relación con la naturaleza. La apelación a lo territorial en los conflictos da cuenta de un proceso que permite ver las transformaciones que ha habido en las dinámicas de reproducción como sujetos sociales de campesinos e indígenas, en donde el acceso a la tierra no es un fin en sí mismo, sino más bien el inicio o piedra angular de un nuevo horizonte, el de la realización campesina y de los pueblos originarios. La conquista de la tierra es la condición sine qua non a partir de la cual se inicia un camino en el que la tierra conforma una tríada vital junto al territorio y la vida digna.

Conclusiones:

Aunque parezca un paradoja, para quienes creen que en este país no hay más campesinos y menos indígenas, lo cierto es que la conflictividad rural argentina en el 2007 esta liderada por los pueblos originarios. No olvidemos que estos son los únicos que tienen un status específico para el acceso a la tierra, y cuya distinción con el campesinado no es tan nítida como en los demás países de Latinoamérica (aquí aparecen casos donde se fusionan lo campesino y lo indígena). A su vez encontramos una alta referencia a lo territorial o espacial, probablemente a raíz de lo anterior. Un rasgo distintivo del país es la importancia que tienen las acciones de resistencia y a su vez las demandas contra desalojos, que expresan el vigor con el cual avanza el agronegocio sobre las regiones con población campesina e indígena. Es probable que esto explique en parte el enfrentamiento con el Estado y las empresas. Con el Estado las comunidades campesinas exigen normativa apropiada y control sobre la expansión desenfrenada del modelo de agricultura industrial (por ejemplo: creando «reservas» campesinas); y los pueblos originarios que centran su acción contra el Estado para cumpla con el reconocimiento de los derechos consuetudinarios. Con las empresas y los propietarios individuales se entabla el frontal choque por definir el territorio.

La conflictividad alrededor de la tierra se ha ampliado, condensándose muchas veces en la noción de territorio, y otras expresándose en nuevas dimensiones de lucha:

- la protección de la biodiversidad, en el marco de sistemas integrados de producción como el campesino y el agroecológico (variedades de semillas criollas, rotación y combinación de cultivos y actividades, manejo del monte, etc.),

- la defensa de las distintas culturas originarias como formas singulares y sustentables de habitar los ecosistemas,

- la disputa por el control de los bienes naturales en general (agua, minerales, gas, petróleo, etc.),

- la demanda por políticas gubernamentales integrales que tomen la vida campesina como un todo más allá de sus aspectos económico-productivos,

- la puja por ver reconocidos niveles crecientes de autonomía política, o soberanía territorial (no estatal) o instancias autogestivas para la toma de decisiones.

Bibliografía.

Banco Mundial 2000 Informe de Investigación sobre Política de Tierras para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Resumen ejecutivo (Washington: Banco Mundial)

Barraclough, Solon 1999 Land Reform in Developing Countries: The Role of the State and Other Actor, (Geneva: UNRISD).

Basualdo, Eduardo y Teubal, Miguel, 1998 «Economías a escala y régimen de propiedad en la región pampeana argentina», ponencia presentada en el XXI Congreso Internacionalde la Latin American Studies Association (LASA), Chicago, 24-26 sept.

Bengoa, José 2006 «Pueblos indígenas, Tierras y Territorios», en Eguren Fernando (editor) Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la Región Andina (Lima: CEPES).

Buzzi, Eduardo 2005 La tierra: para qué, para quiénes, para cuántos. (Buenos Aires: Ediciones CICCUS).

CELS 2000 «Derechos Humanos en Argentina», Informe Anual 2000, (Buenos Aires: CELS-EUDEBA).

Centro de Documentación y Estudios 2004 «El Tercer Intento de Reforma Agraria», en Informativo Campesino (Asunción: CDE) Nº191, agosto.

CIRADR 2006, Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) en .

Domínguez, D.; Lapegna, P. y Sabatino, P. 2005 «Agriculturas en tensión en Colonia Loma Senés, provincia de Formosa», en N. Giarracca y M. Teubal (comp.) El campo argentino en la encrucijada. Crisis y acciones sociales en el interior del país (Buenos Aires: Alianza editorial).

FAO 2006 «Conferencii Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural: implementación de los compromisos de Porto Alegre»

Fernándes, Bernardo Mançano 2005 «Movimentos Socioterritoriais e movimentos socioespaciais» en Revista OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VI, Nº 16.

Holt-Gimenez, Eric 2006 «Reestructuración territorial y fundamentación de la reforma agraria: comunidades indígenas, minería de oro y Banco Mundial», en Sergio Saber y Joao Marcio Mendes Pereira (orgs.) Capturando a Terra (Sao Paulo: Expressao Popular).

Kay, Cristobal 2003 «Estructura agraria y violencia rural en América Latina», en Sociologías (Porto Alegre) año 5, Nº 10. MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO E INDIGENA, 2007, Nuestros derechos: la tierra (Córdoba: MNCI).

Sabatino, Pablo 2007 «Campesinos y Campesinas en el noroeste de Córdoba. Un acercamiento a sus luchas y propuesta» ponencia presentada al XXVII Internacional Congreso of Latin American Studies Association (LASA) Montréal 5 al 8 de Septiembre.

Teubal Miguel, Diego Domínguez y Pablo Sabatino 2005 «Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema alimentario», en: Norma Giarracca y Miguel Teubal (coord.), El campo argentino en la encrucijada. Estrategias y resistencia sociales, ecos en la ciudad (Buenos Aires, Alianza).

Teubal, Miguel 2003 «La tierra y la reforma agraria en América Latina» en Realidad Económica (Buenos Aires: IADE) Nº 200.

Notas:

1 Este trabajo forma parte de los resultados obtenidos a partir de una investigación financiada por CLACSO.

4 Por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

5 Tanto en la bibliografía especializada como en los documentos y discursos de organizaciones y organismos se encuentran estas dos formas de referirse a las fuentes de riqueza del suelo y del subsuelo. Por lo general, mientras los tecnócratas de organismos multinacionales y los funcionarios de los gobiernos utilizan el concepto de «recursos naturales», los dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas y los miembros de ONGs comienzan a imponer el concepto de «bienes naturales». El sentido que estos últimos pretenden disputar es la carga mercantilizadora de la naturaleza implícita en el concepto de «recurso natural»: un objeto a ser explotado.

6 En esta línea pueden considerarse para Argentina las investigaciones que hemos realizado en torno de la contaminación sufrida por comunidades campesinas debido a la actividad del agronegocio en Formosa (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2005), o bien sobre algunos casos de conflictos por los recursos naturales realizado por Giarracca y Wahren (2005), y otros sobre la explotación minera en la Patagonia argentina (Weinstock, 2005). Asumiendo la perspectiva territorial de análisis podemos citar los trabajos con base de datos sobre conflictos territoriales en Argentina del Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, y el trabajo que publicamos sobre la cuestión de las «territorialidades excluyentes y emergentes» (Domínguez, Lapegna y Sabatino, 2006).

7 De las 24 provincias que posee la República Argentina, no se registraron casos además de en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Santa Cruz, San Luis, San Juan, Santa Fe y Entre Ríos.

8 Es significativo que si tuviéramos en cuenta los puntos geográficos involucrados en el reciente conflicto bautizado por los massmedia «campo vs. gobierno», que tuvo por objeto las retenciones a las exportaciones, la distribución geográfica de los mismos serian inversamente proporcional a la de los conflictos por el territorio campesino e indígena, y la democratización del uso de los bienes naturales.